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“Los sojeros deben pagar más impuestos”, “es momento que los sojeros también paguen impuestos”, “los sojeros no contribuyen al desarrollo nacional”. De un tiempo a esta parte, voces como estas se han venido escuchando desde distintos sectores de la sociedad, quienes con justeza reclaman una mayor presión tributaria para el sector agroexportador.

Así, en el mes de diciembre del pasado año fue aprobado en el Senado nacional, el proyecto de Ley de Exportación de Granos, comúnmente llamado “Impuesto a la Soja”. Este proyecto pretende gravar la exportación de granos en estado natural (soja, maíz y trigo), a fin de incentivar la industrialización de las materias primas, elevar la presión tributaria sobre sectores con altos ingresos y obtener una mayor recaudación fiscal.

Si bien estamos de acuerdo en que resulta necesaria una mayor presión fiscal sobre sectores que obtienen importantes ganancias; elevar la presión tributaria mediante la aplicación de impuestos a la exportación puede ser perjudicial al desarrollo nacional. En esta columna describiremos algunas de estas razones y expondremos ciertas propuestas para alcanzar las finalidades buscadas con el proyecto, sin perjudicar la producción y el desarrollo nacional.

IMPUESTOS A LA EXPORTACIÓN DE GRANOS. EFECTOS ADVERSOS

Los impuestos indirectos a la exportación son generalmente nocivos para la producción y el desarrollo por sus características y forma de imposición. Las principales características que vuelven perjudicial un tributo de esta naturaleza son: Se aplican sobre el valor bruto de la producción: como señalamos, el proyecto pretende gravar la exportación de granos (soja–maíz–trigo) en estado natural con una tasa del 10% sobre el valor bruto de los granos, independientemente de las ganancias o pérdidas que el productor o comercializador pueda tener. Al no considerar las utilidades efectivamente percibidas por el productor, en épocas de crisis o recesión, un impuesto de ésta característica podría ser adverso para el sector productivo. Lo tributariamente justo y económicamente recomendable es cobrar el impuesto en épocas de bonanza, siendo adecuado para ello, un impuesto directo sobre las ganancias.

La carga del impuesto es trasladada a los eslabones más débiles de la producción: en la cadena económica de la actividad productora y exportadora de granos, el productor es quien produce los granos y los enajena al agroexportador, abonando por esta actividad el impuesto a las rentas agropecuarias (Imagro). El agroexportador por su parte es quién acopia la producción, la almacena en silos y exporta, pagando por estas rentas el impuesto a la renta comercial (Iracis). Constituyendo los granos de soja, trigo y maíz comodities cuyos precios están fijados por el mercado internacional, es sencillo para el agroexportador trasladar el costo adicional del impuesto al productor, pagándole un menor precio por su producto. En ningún caso serán las grandes agroexportadoras transnacionales las que soportarán la carga d el impuesto, sino los pequeños y medianos productores, independientemente de las ganancias que obtengan por su actividad.

Representan un costo directo sobre el comercio exterior del cual nuestra economía es altamente dependiente: el Paraguay, por su carácter mediterráneo y deficiente infraestructura, de por sí ya tiene costos adicionales en su comercio exterior. Resultaría ilógico que el propio Estado a través de impuestos indirectos, impusiera costos adicionales a nuestro comercio internacional, otorgando ventajas a nuestros

competidores.

OTRAS ALTERNATIVAS

Incrementar las recaudaciones del fisco, elevar la presión tributaria y obtener un reparto más equitativo de la carga fiscal son finalidades que pueden ser alcanzadas con otras fórmulas que no impliquen un freno a la actividad productiva. Las principales medidas que sugerimos son: Generalizar el IVA agropecuario: actualmente la enajenación de productos primarios en estado natural se encuentra exenta del IVA. Esta situación perjudica al propio productor, quien con esta exoneración no tiene como descargar el impuesto soportado en la adquisición de bienes y servicios y debe asumirlo como un costo. En ese marco creemos conveniente eliminar ésta exoneración y establecer un IVA a la venta de productos primarios.

Adicionalmente, se debería evitar la devolución del IVA a los agroexportadores de productos primarios en estado natural, limitando ésta devolución a los exportadores de productos industrializados. Con estas medidas se podrá corregir la distorsión actual del sistema y fomentar la industrialización y formalización del sector agropecuario.

Modificar el Imagro: en su actual configuración, el Imagro es un impuesto de muy difícil liquidación, recaudación y control. Estas circunstancias demuestran su escasa significación entre los ingresos tributarios del estado, representando poco más de 0,3%. Por ello, resulta necesario modificar este impuesto en aspectos tales como exoneraciones, parámetros utilizados para clasificar los inmuebles y tasas del impuesto para las propiedades no explotadas racionalmente. Se podría incluso evaluar aplicar con algunos matices, las normas del Iracis a las rentas agropecuarias.

Sincerar el valor de las propiedades rurales: actualmente se utilizan para el cálculo del impuesto inmobiliario valores fiscales desfasados, lo cual tiene una significación importante en el monto del impuesto recaudado. Por ello es necesario sincerar estos valores, aplicando el impuesto sobre el valor real de la tierra. Una medida de esta naturaleza será estimulante para la producción al obligar a los propietarios de inmuebles rurales ociosos, a trabajar, arrendar, o vender sus tierras.

Con las alternativas sugeridas, estamos convencidos que los fines de formalización, industrialización, recaudación y equidad tributaria pueden ser plenamente alcanzados, sin provocar efectos adversos para la producción y el desarrollo nacional.

Por Anibal Pangrazio

Fuente: 5días