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La proyectada fijación de un gravamen a la exportación de soja en grano y a otros “productos en estado natural” ha ido perdiendo su original sustento argumental para quedar expuesto como un simple manotazo fiscal para enjugar el monstruoso déficit que se viene para el 2013.

Los proyectistas son cuatro: los senadores Juan Carlos Galaverna, Sixto Pereira, Ramón Gómez Verlangieri y el ex diputado Hermes Chamorro. Todos, a su tiempo, fundamentaron sus iniciativas en dos puntales principales: que se debe desalentar la exportación de soja en grano para procesarla localmente y generar mano de obra, y que la agricultura empresarial paga pocos impuestos.

El primer argumento es insostenible y se cae a pedazos. Con la entrada en funcionamiento de dos megaplantas de crushing a fines de este año, el Paraguay tendrá una capacidad de procesamiento de soja de más del 60% de su producción.

Las inversiones se hicieron sin necesidad de ley alguna que las corra de atrás. Para tener una idea de dónde estamos como productores, industrializadores y exportadores de soja y derivados, digamos que Estados Unidos mantiene una relación de 35-65% entre exportación a granel de soja y procesamiento industrial.

Argentina y Brasil, que ocupan el segundo y tercer puestos como exportadores de soja y derivados, tienen una relación de 25-75 y 45-55, respectivamente. Naturalmente, estas relaciones varían según el tamaño de la zafra y el comportamiento de los mercados internacionales. De manera que el Paraguay, con una relación 40-60 se ubica claramente entre los mayores procesadores industriales de su producción granelera oleaginosa (soja, maíz, girasol, canola, etc.). Los honorables legisladores llegaron tarde, en ese sentido, con sus proyectos.

El segundo argumento es más atendible. Ningún Estado se siente satisfecho con el nivel de tributación de sus contribuyentes, en especial, si son muy prósperos. Sólo que para sostener su derecho a exigir más tributos tendría que comenzar por limpiar la casa de los despilfarros, ineficiencia y corrupción que se tragan cada año el 90% del PGN en gastos fijos, tales como sueldos, subsidios, bonificaciones, premios, pensiones, transferencias “condicionadas”, compensaciones, indemnizaciones, planes de “retiro voluntario” para funcionarios que terminan reenganchándose en el mismo puesto, recategorizaciones, aumentos y decenas de otras categorías bajo las cuales se farrea el dinero del contribuyente. No sobra para ninguna otra cosa.

Las pocas obras que está haciendo el Gobierno se financian con royalties de Itaipú y Yacyretá, dinero del Focem, préstamos no reembolsables o emisión de bonos. Entonces, en lugar de desgañitarse exigiendo que se paguen más impuestos, Estado y Congreso deberían empezar por gastar menos sin sentido. No es mucho pedir, aunque en un año repolítico no es sólo demasiado pedir sino simplemente un acto de ingenuidad.

Fuente: 5 días